- martes 28 de octubre del 2025
Así lo estableció la justicia porteña ante un pedido de un abogado respecto a acciones tomadas por el Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ahora debe definir si decreta una cautelar.
Una decisión del juez federal Lara Correa en la causa iniciada por los docentes nucleados en la CTERA y UTE Capital.
El dictamen firmado por el Procurador Casal sostiene que hasta tanto no se transfieran las competencias judiciales a la Ciudad, la Corte Suprema es la única legitimada para revisar sentencias de tribunales nacionales con asiento en la Ciudad.
Una decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en la causa de gremios docentes.
Se trata del predio de 72 hectáreas ubicado en la Costanera Sur. El juez ordenó suspender el tratamiento legislativo del proyecto hasta tanto se acompañe un estudio de impacto ambiental y se acredite la realización de una audiencia pública.
El juez consideró que la audiencia pública es un requisito indispensable antes de avanzar con el proyecto en la ex ciudad deportiva de Boca, pero que ésta puede ser unificada con la audiencia que se exige entre la primera y la segunda lectura de la ley.
Será obligatorio para aquellos delitos con penas máximas en abstracto igual o superior a 20 años.
Así lo votó la Legislatura porteña, al modificar el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires.
Votada en la Legislatura porteña el pasado 30 de septiembre, el Poder Ejecutivo porteño publicó la norma que modifica el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal Gilligan reiteró que la transferencia de competencias debe hacerse a través de un convenio entre el Gobierno Nacional y de la Ciudad, ratificado en el Congreso de la Nación.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteó la falta de legitimación procesal de la Asociación Civil Gente de Derecho, rechazándose por tal motivo la acción de amparo.
Se trata del acuerdo firmado entre la firma IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia porteña consideró que no se dio cumplimiento a la convocatoria a audiencia pública previo a la remisión del proyecto a la Legislatura porteña.
Se lo condenó a la pena de un año y cinco meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de daño agravado por impedir el libre ejercicio policial.
